Sobrecostos en telecomunicaciones se traducen como un impuesto adicional de hasta 26 que afecta a usuarios
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El mercado de telecomunicaciones en el Perú ha crecido en término de usuarios y de servicios. Esta mayor cobertura ha venido de la mano con una disminución en los precios. Sin embargo, estas mejoras, a diferencia de otros países de la región, no se han reflejado en los márgenes de las empresas del sector, según el último informe elaborado por Apoyo Consultoría, preparado para Afin.
El margen EBITDA de las empresas operadoras en el Perú se ha situado entre los más bajos del mundo. Por ejemplo, en el caso de los servicios móviles, se llegó a 17, muy por debajo del promedio mundial (44).
Esto se explica principalmente por los sobrecostos en el mercado de telecomunicaciones; en particular, se observa un proceso de inflación regulatoria que no se limita a entidades del sector.
El documento identifica la existencia de múltiples normas que -considera- carecen de razonabilidad y proporcionalidad, cambios constante en las reglas de juego y una aplicación inconsistente de las sanciones. Luego de valorizar el sobrecosto de solo tres normas de este grupo, además de contabilizar el pago en exceso por aportes del sector, se registra un sobrecosto de alrededor de US$ 400 millones para el periodo 2013-2018.
En el periodo mencionado se analizaron tres normativas consideradas no razonables: verificación biométrica para la venta de celulares prepago y postpago; verificación biométrica para la recuperación de líneas robadas; y mantenimiento de Telefonía de Uso Público (TUP) en zonas rurales, que generaron un sobrecosto de US$ 95 millones.
A ello se suman lo que el informe define como los pagos en exceso por concepto de aportes al sector; es decir, como parte de sus obligaciones regulatorias, las empresas operadoras deben realizar aportes al Osiptel, MTC y Fitel, estos aportes sólo constituyen un sobrecosto cuando se encuentran por encima de su nivel “óptimo”. Con ese concepto, el sobrecosto oscila entre un valor mínimo de US$ 279 millones y un valor máximo de US$ 539 millones.
Estos sobrecostos directos tendrían un impacto derivado en el mercado. En la práctica, sugiere Apoyo Consultoría, funcionan como una carga impositiva, pero que no se traduce en más y mejores bienes públicos. “Por un lado, reduce los retornos de las inversiones incentivando su disminución; asimismo, aumenta el precio al que los servicios son provistos a los consumidores. En ese contexto, se generan perdidas significativas en el mercado que también ponen en peligro sostenibilidad de la industria”, dice el documento.
En este caso, se estima que dicho impuesto o “tasa de sobrecosto” tendría un promedio de 22 y podría alcanzar un valor de hasta 26 cuando se considera el rango superior del sobrecosto por aportes al sector. Esto implica, agrega, que durante el periodo 2013-2018 se ha generado un precio distorsionado. Al eliminar dicha tasa de sobrecosto se llega a un precio de equilibrio de mercado no distorsionado u óptimo. El precio óptimo llevaría a un aumento en la oferta disponible en el mercado, mejorando las condiciones para productores y consumidores.
"Estos US$ 400 millones son sobrecostos a la industria, pero se traducen en el mercado como un impuesto adicional de 22 en promedio que afecta a los consumidores”, refirió Miguel Figallo, asociado senior de la consultora.
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